¿Son útiles las declaraciones patrimoniales para investigar la corrupción?

Un proyecto para diseñar bases de datos usando declaraciones patrimoniales de alcaldes demostró los límites de estos instrumentos de control y lo complicado de trabajar con éstos. Acceder a información pública no basta cuando los datos que recibimos son parciales, dudosos y no verificados por los órganos de fiscalización.

Por Carlos Bracamonte

El 30 de octubre último, la Contraloría General de la República le negó al abogado Javier Casas el acceso a la declaración patrimonial del presidente Ollanta Humala. Para la Contraloría se trataban de datos personales de una autoridad electa de quien “no se tiene su consentimiento expreso para disponer de dicha información”. Es decir, si Humala no lo consentía, Casas no vería satisfecha su curiosidad. La respuesta contraviene el orden jurídico. Sin embargo, dos años antes fue la propia Contraloría la que nos dio a Javier Casas y a mí las declaraciones patrimoniales de todos los alcaldes de Lima. Las solicitamos vía acceso a la información pública para iniciar un proyecto de control ciudadano que nos tomó más de seis meses y no pocas madrugadas, pero que rindió frutos.

En el 2013, la Contraloría nos otorgó las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas de los burgomaestres limeños elegidos desde el año 2003. Eran 88 nombres entre alcaldes y ex alcaldes. Diez años de gestión (2003-2013); y cerca de 400 declaraciones juradas en formato impreso, donde figuraban, entre otros, los ingresos y bienes declarados por el actual alcalde metropolitano, Luis Castañeda Lossio.

En el Perú, las declaraciones patrimoniales son públicas por mandato constitucional y, cada año, todos los funcionarios están obligados a presentarlas en su entidad. Una copia de ese documento debe ser enviada a la Contraloría. Por ello se las pedimos. Pero a ésta le tomó dos meses (¡dos meses!) responder nuestra solicitud pese a que por ley el plazo de entrega no debe exceder los siete días. Justificaron la demora debido a la gran cantidad de datos solicitados. Eso nos hizo creer que la Contraloría no tenía la información ni ordenada ni sistematizada.

La idea de Javier Casas era diseñar una base de datos para transparentar las declaraciones juradas de altos funcionarios, y así promover la vigilancia ciudadana. El trabajo se hizo en Suma Ciudadana, organización promotora de la transparencia pública dirigida por Casas, y con un equipo de dos periodistas: quien escribe y Jenny Cabrera.

La estrategia consistió en pedir las declaraciones juradas en la Contraloría y los 38 municipios. Esto permitiría contrastar los datos y medir el nivel de transparencia de cada entidad en función a su respeto al plazo legal de entrega y a la calidad de los datos proporcionados. Cuando no pudimos pedir la información por Internet, fuimos al municipio (en varios casos nos cobraron cifras altas por fotocopias aprovechando un vacío de la ley de transparencia).

La Contraloría no sólo nos dio los consolidados de los ingresos y bienes de los alcaldes (publicados al año en el diario oficial El Peruano), sino también la descripción de cada bien y el valor que los alcaldes le asignaban. Por ejemplo: un auto Toyota 2010 de $12 mil o un terreno de $80 mil ubicado en tal o cual distrito, entre otros bienes. En nuestro trabajo no consideramos detalles como la dirección del domicilio o las placas de los autos. Pero sí los datos generales del bien y su valor: 1 casa en Miraflores en $50 mil, y así. Según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2009, esta información forma parte de la sección pública de las declaraciones juradas, porque son datos que se hallan en fuentes accesibles como los Registros Públicos. La parte no pública de las declaraciones corresponde, por ejemplo, a los ahorros de un funcionario.

En el caso de las municipalidades: muchas nos entregaron los mismos datos publicados en el diario oficial El Peruano; otras, las declaraciones juradas incompletas aduciendo que los alcaldes no las habían presentado; pocas, los datos completos como los de la Contraloría.

Ni la Contraloría ni los municipios nos proporcionaron los documentos digitalizados (es decir, con información que se podía copiar y pegar en una plantilla). Así que volcamos cientos de datos en una tabla en Excel. Uno por uno. Labor desgastante para pocas manos y escaso presupuesto. La marea de datos favorecía a los errores, por ello la tabla fue varias veces revisada por un buscador que detectó inconsistencias. Fue desarrollado por un especialista. Ya con la tabla Excel completa y examinada, se trasladó su contenido a una base de datos que presentó los bienes, ingresos y rentas de los alcaldes bajo diagramas de barras año tras año.

Mientras trasladábamos los datos de los documentos originales a la plantilla en Excel, nos llamó la atención que muchos bienes eran tasados con cifras muy por debajo a su valor inmobiliario actual. Por otro lado, para algunos alcaldes no fue “negocio” ser electos porque su patrimonio disminuyó. Otros simplemente no declaraban propiedades.

Una manera de constatar la veracidad de las declaraciones juradas era el reporteo. El trabajo de campo del periodismo de investigación. Era una segunda etapa del proyecto. Tocamos varias puertas de la gran prensa, pero todas se cerraron. Sólo se arriesgó Ojo Público, un nuevo medio digital de periodismo independiente. Este portal optimizó nuestros primeros avances: diseñó una base de datos nueva, hizo “hablar a las cifras” y reporteó a fondo. Así descubrió no pocas irregularidades y patrones de conducta en las autoridades edilicias. Por su trabajo recibió el Data Journalism Awards 2015.

La conclusión preliminar fue que las declaraciones juradas de funcionarios públicos estaban muy lejos de ser instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción. Los alcaldes podían falsear u ocultar información con facilidad, y la Contraloría no tenía la capacidad para comprobarlo.

Ante las próximas elecciones de 2016, la condición que impone la Contraloría para publicitar la declaración patrimonial del presidente Humala actualiza el debate sobre la (falsa) transparencia de los políticos y las limitaciones de los órganos de control.