La base de datos que delató a los ministros que subvaluaron sus bienes
En Costa Rica, un sólido trabajo de minería de datos usando declaraciones de inmuebles permitió a periodistas del diario La Nación revelar que la mitad de los ministros depreció sus propiedades para pagar menos impuestos.
Portada de la base de datos desarrollada por la Unidad de Investigación del diario La Nación.
Por Verónica Gonzales Cuba
A inicios del 2010, la periodista Giannina Segnini le propuso a los directivos del diario La Nación potenciar el equipo de investigación que ella dirigía: había que incluir a dos ingenieros de sistemas. Para Segnini no bastaban las fuentes tradicionales para revelar la corrupción. Tenía que atacar por otro flanco. “Entendí que debía abordar problemas sistémicos (…) Si lograba consolidar un nuevo modelo de periodismo de datos para investigar, podría ver el bosque y los árboles al mismo tiempo y liberarnos de la dependencia de las filtraciones”, explicó Segnini en el Manual de Periodismo de Datos Iberoamiericano. “Seis meses después de haber iniciado con el nuevo modelo, habíamos limpiado y consolidado más bases de datos públicas que el mismo Gobierno”. El equipo combinaría el periodismo de datos con el de investigación.
En marzo de 2012, cuando en Costa Rica se debatía una nueva ley fiscal promovida por el Ejecutivo, Segnini y su equipo publicaron un impactante reportaje con los métodos aprendidos dos años antes. Gracias a una infalible base de datos sobre propiedades de ministros y diputados, demostraron que 11 de los 22 ministros del gobierno, sus cónyuges o sus empresas “tenían al menos una propiedad sin declarar ante la municipalidad o la tenían estimada en un valor inferior al precio mínimo del terreno calculado por el Ministerio de Hacienda para esa zona” (La Nación, 26/03/12). El propio ministro de Hacienda estaba incluido. La subvaloración de las propiedades en conjunto ascendía a US$22 millones.
Los periodistas diseñaron una base de datos de las más altas autoridades del país y su entorno usando las declaraciones de sus propiedades presentadas a las municipalidades. Pese a la confidencialidad de los tributos, el impuesto a los inmuebles eran rastreables. “La Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles de Costa Rica exigía a todos los propietarios de terrenos declarar el valor de sus inmuebles cada cinco años. Esta declaración debería comprender no solo el valor del terreno sino además el valor de la construcción. El valor del terreno se calculaba según una tabla de valores que el ministerio de Hacienda entregaba a las municipalidades. Del valor que declaraban los propietarios deberían pagar un 0,25 por ciento anual en concepto de impuestos inmobiliarios” (La Nación, 26/03/12)
Partiendo de ello, los periodistas compararon los valores por metro cuadrado elaborados por Hacienda con los valores de las propiedades que los ministros y sus cónyuges registraban en cada municipio. Según el diario, las 58 propiedades seleccionadas sumaban juntas un valor declarado a las municipalidades de US$4.5 millones; sin embargo, al revisar los valores que establecía el ministerio de Hacienda, esos mismos inmuebles debían valer en conjunto US$26.6 millones. Había una diferencia de US$22 millones (nota: convertimos la moneda nacional de Costa Rica en dólares americanos de la época).
Antes de publicar el reportaje, Segnini y el periodista Ernesto Rivera enviaron mensajes a los 22 ministros y a la entonces presidenta Laura Chinchilla. Les daban a conocer sus hallazgos y se les pedía su versión. De inmediato, siete de los once ministros en falta se apuraron en actualizar el valor de sus bienes.
Izq. Primer artículo del reportaje. Der. Giannina Segnini exponiendo sobre la investigación en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2012. (Foto: Ipys)
Pero el caso más escandaloso fue el del entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa, asesora de la Presidencia de la República, quienes, según el informe, “no habían declarado el valor de sus propiedades durante 12 años y pagaban menos impuestos por sus casas”. Además, habían falseado sus ingresos para disminuir sus impuestos. Ambos renunciaron a sus cargos. También dimitió una alta autoridad tributaria.
Para Giannina Segnini se trata de un caso emblemático porque fue el primer reportaje trabajado con bases de datos que tuvo un impacto político real. La investigación se realizó con un equipo de reporteros, geógrafos e ingenieros. El reportaje obtuvo uno de los galardones del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (2012-2013).