Rutas y atajos para investigar propiedades y negocios de congresistas

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El análisis del patrimonio de los parlamentarios de Perú a partir de la construcción de un registro de datos y reporteo, permitió encontrar una primera historia: el incremento sostenido de las propiedades y contratos indebidos con el Estado de las empresas del legislador con más reelecciones en los últimos 15 años: José Luna Gálvez. El reportaje forma parte de Patrimonio S.A., plataforma digital de Convoca que investiga negocios y bienes de los políticos ante las elecciones generales de 2016, y ganadora del Premio Nacional de Periodismo, en la categoría mejor proyecto periodístico, que otorga IPYS.

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Congresista José Luna Gálvez. Convoca.pe pidió las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas de los 130 parlamentarios. (Foto: Diario Correo)

Por Andy Livise

José Luna Gálvez es el legislador que pregona en la prensa que cobra 1 sol (30 centavos de dólar) como salario en el Congreso de la República. Según Luna, el resto lo dona a los “más necesitados”. Asegura que lo hace desde que fue electo en 2000. Desde entonces, ha sido reelegido tres veces: 15 años como congresista, siempre en el partido Solidaridad Nacional que fundó el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Sin embargo, el supuesto recorte voluntario de sueldo no ha impedido que sus bienes y negocios familiares crezcan sustancialmente. ¿Qué método usamos para investigar el caso?

Hace poco más de un año, cuando Convoca aún no nacía como medio digital de periodismo independiente, sus fundadores se propusieron como primer reto investigar los bienes y negocios de los congresistas. Fue así que a través de la Ley de Acceso a la Información solicitamos a la Contraloría General de la República las declaraciones patrimoniales de los 130 parlamentarios peruanos. ¿Qué nos decían los congresistas sobre sus bienes? ¿Qué ocultaban o falseaban? Luego surgió la idea de complementar esa tarea con información de sus negocios que, por lo general, están vinculados a los familiares, para ver si utilizaban el cargo para provecho propio y no para servir al país.

Las declaraciones juradas que nos entregó la Contraloría contenía la lista detallada de propiedades, rentas e ingresos de cada parlamentario. Eran cientos de datos que un grupo de jóvenes periodistas ingresó a una plantilla Excel. La labor tomó varios meses y recién en la primera semana de diciembre de 2015 publicamos la primera historia luego de bucear en el universo de los datos y enfrentar una restricción cada vez mayor en la entrega de la información pública de parte de las instituciones. Contraloría se negó a entregar las declaraciones juradas detalladas del 2014 debido a la modificación de las normas y la vigencia de la ley de datos personales, a pesar que estas declaraciones juradas deben ser públicas por mandato constitucional.

Para dar un primer vistazo de la información organizada, utilizamos tablas dinámicas y elaboramos rankings en función a criterios como el valor del bien declarado y los ingresos. El primer hallazgo que surgió fue que entre los 20 primeros parlamentarios que encabezaban la lista de inmuebles con mayor valor declarado existía un grupo de congresistas que tenían un punto en común: formaban parte de algún negocio educativo, específicamente, universitario. José Luna Gálvez se hallaba entre ellos.

En una segunda etapa, contrastamos estos primeros hallazgos con las fichas registrales de las propiedades que aparecen en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. El nombre de José Luna Gálvez seguía dando vueltas no sólo porque declaraba a la prensa que donaba su sueldo a los pobres, sino por el crecimiento importante de sus bienes (en las fichas registrales encontramos que el parlamentario había duplicado la cantidad de sus casas y vehículos desde su ingreso al Congreso en el año 2000). Por eso decidimos investigar su caso. ¿La información patrimonial que había consignado Luna Gálvez era cierta?, ¿lo había dicho todo? Queríamos trascender los datos iniciales de las declaraciones patrimoniales y contar la historia que había detrás.

Según los registros públicos, los cinco inmuebles y los seis vehículos que declaró sí le pertenecían. Tres de sus inmuebles eran usado en su principal negocio: un consorcio educativo llamado Telesup cuyos ingresos aumentaron de S/.9 millones 104 mil (US$3 millones ) en 2009 a S/.39 millones 772 mil (US$14 millones) en 2013, según la consultora Perú Top Publications SAC. Las aulas iniciales en un distrito populoso con las que empezó su universidad se transformaron en 13 inmuebles y hasta una sede en Miami, Estados Unidos.

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Convoca solicitó información pública a las entidades que contrataron con la familia Luna.
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Telesup está integrado por la universidad del mismo nombre y varios institutos. Todos fueron fundados por el congresista, pero tres son administrados por su hijo José Luis Luna Morales (según informa el buscador del registro único de contribuyentes). En registros públicos revisamos la historia de Telesup: se trataba de un negocio familiar de los hermanos y la madre del legislador. Ahí decidimos construir un árbol genealógico del congresista. Para ello, nos apoyamos en Infogob.pe, un buscador electoral de candidatos y partidos del Jurado Nacional de Elecciones. Con los apellidos “Luna Gálvez” dimos con César Augusto y Alfonso Mario, hermanos del parlamentario que alguna vez militaron en el mismo grupo político. La ficha electoral de Alfonso Mario indicaba también los nombres completos de sus padres. Alfonso Mario también consignaba como domicilio el mismo que declaró su hermano congresista en Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Con el árbol genealógico completo, verificamos los datos por última vez en Reniec y con llamadas a las casas de los Luna Gálvez.

El árbol genealógico se completó con el seguimiento a la red empresarial del congresista. Sus negocios que en apariencia estaban conformados por una universidad (Telesup SAC) y tres institutos (Telesup EIRL, Intur EIRL e ISEL), en realidad lo integraban seis compañías.

A partir de las fichas registrales de las empresas del consorcio, se construyó una lista de las autoridades que figuraban en los cargos de estas empresas. En las fichas encontramos un nombre recurrente: Martha Elena Yoctun. Ella fue fundadora de una de las empresas del consorcio y gerenta de otras dos compañías. Yoctun también era dueña de dos inmuebles, uno de los cuales se lo había comprado al congresista Luna Gálvez, según registros públicos. Lo curioso es que esta propiedad, ubicada en un barrio de clase media alta de Lima, le perteneció al parlamentario sólo por cinco meses. En agosto de 2010, Luna Gálvez pagó 163 mil dólares por ese inmueble. Cinco meses después le vendió la casa Yoctun Ramírez, quien solo pagó 13 mil dólares al contado sin presentar ante el notario “medio de pago”, como consta en la minuta de compra-venta. El resto quedó hipotecado a nombre del parlamentario con la promesa de pagos mensuales de mil 500 dólares sin fechas programadas.

Sin embargo, según los vecinos y el vigilante, ahí viven ambos. ¿Por qué Luna Gálvez nunca reportó este inmueble en sus declaraciones patrimoniales? ¿Por qué se lo vendió a tan bajo precio a una de sus empleadas?

Los negocios indebidos con el Estado

Un vez que enlistamos todas las compañías, ingresamos sus nombres en el portal de Proveedores del Estado de Ministerio de Economía y Finanzas y en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Los buscadores arrojaron que cinco de las empresas del consorcio y tres de los hermanos habían contratado con el Estado. A partir de este hallazgo, construimos un registro de datos para determinar los montos de las contrataciones y las fechas para cruzarlas con el periodo parlamentario de Luna Gálvez. Como resultado encontramos que las cinco compañías ganaron más de 125 mil dólares en contratos públicos entre 1999 y 2015, lapso en el que Luna fue regidor de Lima (1999-2000) y parlamentario (2000-2015).

Verificamos en registros públicos los cargos que Luna tuvo en dichas empresas, y comprobamos que hubo años en los que él era gerente mientras las empresas contrataban con el Estado, cargo incompatible con la función de parlamentario, según el reglamento del Congreso.

Por otro lado, tres de sus hermanos brindaron servicios al Estado por 61 mil dólares. Según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad no pueden contratar con el Estado, siempre y cuando los contratos sean mayores a las tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las UIT son valores referenciales para determinar costos, deducciones o sanciones tributarias, y aumentan cada año. Convoca solicitó información pública a las entidades que contrataron con la familia y encontró que se trasgredió la ley no solo porque en un contrato se superó el monto permitido sino porque se fraccionaron cobros para servicios similares con el propósito de sacarle la vuelta a la norma.

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El consorcio nació como una empresa familiar. Decidimos hacer un árbol genealógico del congresista. (Foto: forosperu.net)

La complejidad de este caso nos enseñó que si se investiga los bienes que realmente ostenta alguna autoridad, no solo es obligatorio incluir a los familiares en la investigación, sino también a los personajes de confianza que acompañan a estos funcionarios en sus negocios u otros ámbitos. Así llegamos a Martha Yoctun y la casa desconocida de Luna Gálvez.

Diversos grupos económicos familiares ingresan a la política para blindar sus negocios con leyes o para contratar con el Estado, como en este caso. Luna Gálvez declara cobrar un sol en el Congreso, mientras sus negocios privados crecen sin freno, y financia campañas electorales. Este legislador figura como el principal aportante del partido Solidaridad Nacional, que lo llevó a reelegirse en los últimos 15 años. Ésta es una de las historias de Patrimonio S.A., plataforma que vigila los bienes y negocios de los congresistas así como el financiamiento de sus partidos.