PRESENTACIÓN
Por Carlos Bracamonte
Un día de mayo de 2013, el periodista mexicano Rafael Cabrera leyó la entrevista que hizo la revista Hola con la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La nota publicaba fotos de la magnífica residencia dondeellos vivían. ¿Cuáles eran los bienes del Presidente?,se preguntó Cabrera. ¿Habría mencionado esta casa en su declaración pública patrimonial? Sin una metodología de búsqueda bien encaminada, el periodista Cabrera no habría publicado el impactante y premiado reportaje que sacudió la cumbre del poder político de su país. El cuarto número de #ABCDatos está dedicado a conocer los métodos y las rutas que siguieron varios periodistas latinoamericanos en los más recientes destapes sobre el patrimonio de los políticos.
El periodista Daniel Lizárraga nos explica en amplia entrevista los métodos que usó él y su equipo para descubrir la “casa blanca” del presidente mexicano, una mansión cuyo dueño real era un empresario ganador de contratos cuando Peña Nieto había sido gobernador. El escándalo obligó a la pareja presidencial a devolver la casa. El reportaje ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2015, que otorga IPYS y Transparencia Internacional. La corrupción de los políticos latinoamericanos es sistemática y similar, por eso el método de Lizárraga se puede aplicar para investigar con éxito a cualquiera.
Así lo hicieron jóvenes periodistas peruanos de Convoca para descubrir los jugosos negocios y contratos ilegales de un congresista que afirmaba regalar su salario a los pobres mientras se incrementaba su patrimonio, los ingresos del consorcio educativo que fundó y los contratos de sus empresas y tres de sus hermanos con el Estado. La investigación, también presentada en este número, demuestra cómo lo que declaran poseer los políticos, aun siendo falso o incompleto, sirve de dato disparador: los reporteros se sumergieron en registros públicos, tejieron la red familiar y empresarial del congresista, salieron a la calle, y descubrieron lo que el parlamentario no le decía a la población: una casa que compró, no declaró y vendió a un precio menor sin acreditar “medio de pago” a una ex gerenta de su confianza en el consorcio que fundó. Este reportaje forma parte de Patrimonio S.A., una plataforma de reportajes y aplicaciones web sobre los negocios, bienes de los legisladores y el financiamiento de sus partidos políticos. La iniciativa ganó en 2014 la categoría de Mejor Proyecto Periodístico en los Premios Nacionales que otorga IPYS cada año en Perú.
En Costa Rica, en el año 2012, la Unidad de Investigación del diario La Nación reveló que más de la mitad de los ministros depreció sus propiedades para pagar menos impuestos. El equipo dirigido entonces por Giannina Segnini basó el reportaje en un sólido trabajo de minería de datos usando declaraciones de inmuebles y haciendo diversos cruces de información y documentos. Esto le permitió tener un gran impacto: el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero renunció al cargo al tener propiedades subvaluadas, y los ministros corrieron a pagar sus impuestos. Aquí explicamos el paso a paso de este reportaje premiado y pionero en combinar el análisis de datos y el reporteo clásico.
Pero para investigar el patrimonio de los políticos no basta con lo que ellos nos dicen en sus retocadas declaraciones juradas. Así lo demostró una organización de la sociedad civil peruana (Suma Ciudadana) al iniciar un proyecto para transparentar los ingresos y bienes de los alcaldes de Lima. No sólo hubo contratiempos para acceder a esta información pública, sino también inconsistencias en los datos recibidos (el patrón es obvio: los políticos dicen lo que les conviene). Cuando después de muchos intentos se accedió a toda la información oficial, Suma Ciudadana notó que necesitaba el apoyo de la prensa para corroborar los datos. La gran prensa le cerró las puertas y luego tomó contacto el medio digital independiente OjoPúblico, con el que formó una alianza. Así nació Cuentas Juradas, que ganó el Data Journalism Awards (en la categoría small news room). El caso es un ejemplo de la alianza prensa independiente-sociedad civil: promovida, pero poco ejecutada.
Los métodos recopilados en este número muestran un patrón de conducta y una conclusión: que, como es sabido, los políticos por lo general están en contra de transparentar sus bienes: falsean y ocultan información; y que instrumentos oficiales como las declaraciones públicas patrimoniales, por más completas y publicitadas que sean, son insuficientes para investigar la corrupción. Sin embargo, son útiles como indicios: les dicen a los reporteros de investigación por dónde empezar a escudriñar.
Lima, diciembre de 2015.